La Doctrina Donroe y Latinoamérica como botín de guerra: Neocolonización y adversa lectura de las borras de café
José E. Muratti
Toro
La decisión de
Donald Trump de rodear a Venezuela con una flota naval, impedir el tránsito de
sus barcos petroleros y de invadir al país para "recuperar", como
afirmó Stephen Miller, los pozos, instalaciones y operaciones establecidas por
empresas estadounidenses, no solamente es un acto de guerra no declarada, sino
que rebasa por mucho la Doctrina Monroe de 1823 que le advertía a Europa no
incursionar en la América Latina.
Más aún, es una
advertencia al resto de Latinoamérica de que sus recursos naturales pueden ser
ocupados y expropiados impunemente por las fuerzas armadas de los Estados
Unidos, en lo que él ha alardeado al acoger el término “Doctrina Donroe”.
Por supuesto que
no sería tan sencillo. Todos los países involucrados cuentan con unas clases
propietarias y acuerdos comerciales con gran parte del mundo que
imposibilitaría, a nivel internacional, una expropiación en masa de estas
dimensiones. Tanto los empresarios y terratenientes nacionales como sus socios
europeos y asiáticos movilizarían sus recursos a Washington para impedir estas
expropiaciones en masa, amén de la desestabilización global que causaría y
terminaría afectando a los propios Estados Unidos.
Pero, no es de
extrañar que lo esté considerando dada la “mentalidad de alcohólico” de Trump
que le hace pensar que él puede hacerlo todo, como reveló en reciente
entrevista su jefa de personal Susie Wiles, en la revista Vanity Fair (la
ironía no podría ser mayor).
Trump debe estar
rumiando la posibilidad de identificar decenas de empresas y operaciones
establecidas por compañías estadounidenses por toda Latinoamérica que, de
revertirse a manos estadounidenses, le proporcionarían una gran tajada a él
personalmente, lo cual aparenta ser la única política pública que gestiona.
Por supuesto que
se trata de un escenario hipotético. Pero Brasil, Colombia y México tienen el
potencial de convertirse en sus próximos posibles blancos. Sobre todo deben
estar en su mira México y Colombia, utilizando la excusa de su guerra contra el
“narco-terrorismo" y para atacar las operaciones de narco-producción, de
paso invadiendo y apropiándose otros recursos para sufragar su inversión en
dicha guerra.
El análisis debe
contener los siguientes datos: desde la década de los 1930s, varios países
latinoamericanos han nacionalizado operaciones desarrolladas por empresas
estadounidenses en sus territorios nacionales.
Por ejemplo, en
1937, Bolivia expropió las operaciones de Exxon y Chevron, las cuales
permanecen en manos bolivianas.
En 1938, México
incautó las operaciones de Standard Oil, Gulf y Sinclair, que no devolvió y las
convirtió en PEMEX. A partir de 2013, ExxonMobil y Chevron participan en la
extracción y refinamiento, pero sin derechos de propiedad.
En 1962, Cuba
nacionalizó las operaciones de la United Fruit, ITT, y las refinerías
Esso/Texaco, que al presente operan como Unión Cuba-Petróleo (Cupet). En 1968,
Perú hizo lo propio con las operaciones de International Petroleum Company
(Standard Oil).
En 1971, Chile
nacionalizó las operaciones de procesamiento de cobre de las empresas Anaconda
y Kennecott, la cuales no ha devuelto. Al presente, hay nuevas minas operadas
por empresas de EEUU. Ese mismo año, Ecuador incautó las operaciones de Texaco
(Chevron), Occidental (Oxy), que no han sido devueltas, aunque Chevron fue
indemnizada por arbitraje.
El blanco de
Trump al presente es, por supuesto, Venezuela. Esta nacionalizó las operaciones
de Creole (Exxon), Gulf, Mobil, luego ExxonMobil y ConocoPhillips en 1976,
convirtiéndolas en Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) en 1998, bajo la
presidencia de Hugo Chávez. Tras 2007, ExxonMobil y ConocoPhillips salieron
definitivamente.
En este
escenario, la disposición de los gobiernos de Milei en Argentina, Noboa en
Ecuador, Bukele en El Salvador, Asfura (hasta ahora) en Honduras, Kast en Chile
y, de ser instalada por Washington, Corcino en Caracas, de apoyar las políticas
de Trump, le permitirían a su gobierno apropiarse cientos de $ billones en
activos sin intervención militar. Dichas expropiaciones contribuirían a paliar
la hemorragia que representa el déficit $ trillonario estadounidense exacerbado
por los aranceles en vigor y las exenciones de contribuciones concedidas a
multinacionales y multimillonarios en julio del corriente.
Desde sus inicios
como nación, tan temprano como 1798, cuando acogió terratenientes franceses que
escapaban de la Revolución Haitiana, los Estados Unidos han considerado a
Latinoamérica como su “patio trasero”, en el cual, con la actitud heredada de
sus colonizadores británicos, tienen derecho a intervenir para propiciar y
defender sus intereses comerciales.
A diferencia de
la primera mitad del siglo XIX cuando Latinoamérica se independizó de España,
Inglaterra y Portugal, y tras la II Guerra Mundial, cuando muchos países
latinoamericanos y del resto del mundo afirmaron su independencia de los
anteriores imperios europeos, en este inicio del siglo XXI, Latinoamérica
oscila entre movimientos de afirmación de independencia del poder económico de
los EEUU, y acomodo con los presidentes estadounidenses que insisten en renovar
un neocolonialismo que convierte el hemisferio en botín de guerras económicas y
hasta una posible guerra total contra Venezuela, como advertencia al resto del
continente.
Paradójicamente,
le compete a las burguesías nacionales que controlan los procesos eleccionarios
impedir esta nueva colonización.
La lectura de las
borras de café no augura mucho optimismo.
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| Infografía de WeatherWriter con licencia CC 2.0 Representa estado de situación a final de noviembre de 2025 Obtenido de Wikipedia Commons Abrir enlace original |

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