Desde el periodo revolucionario de 1868 hasta el surgimiento del autonomismo puertorriqueño

Desde el periodo revolucionario de 1868 hasta el surgimiento del autonomismo puertorriqueño

Por Pablo L. Crespo Vargas

El periodo que transcurre entre el Grito de Lares y la invasión estadounidense fue uno muy movido en la historia política de Puerto Rico. Inicia con una serie de revoluciones que llevan a la creación de reformas que desarrollan el ambiente apropiado para el surgimiento de un pensamiento político dirigido a la búsqueda de soluciones a los problemas que la situación colonial provocaban en nuestra sociedad. En este periodo el independentismo o separatismo es duramente perseguido por los poderes coloniales. Los liberales locales, aprovechando el triunfo liberal en la península, y aunque visto como una amenaza para el régimen colonial, fueron ganando terreno, a la vez que se fueron moviendo hacia la formación de un pensamiento autonomista. Desde España se presentan reformas dirigidas a darle un mayor grado de poder político a los criollos, pero a la vez, enfocadas en reprimir el sentimiento de algunos por una nación libre y soberana. Esto lleva a la abolición de la esclavitud, la formación de partidos políticos y la creación de un sistema autonomista que murió al nacer dada la invasión estadounidense. En fin, la historia política moderna de nuestro país se inicia en este periodo y sus ramificaciones aún se pueden sentir.

Las revoluciones del 1868

El Grito de Lares fue parte de un trinomio de revoluciones que marcaron la historia política española y que a su vez se vieron reflejadas en Puerto Rico. La primera de estas comenzó el 17 de septiembre de 1868, cuando fuerzas militares españolas, descontentas por la situación política y económica del reinado de Isabel II se sublevaron en el puerto de Cádiz. La rebelión, en pocos días, se hizo general en todo el país. El 28 de septiembre, las fuerzas revolucionarias derrotan al ejército real en el puente de Alcolea, Córdova. Dos días después, Isabel II abandona el país. Esto da inicio al llamado Sexenio Democrático o revolucionario. Uno de los primeros pasos fue la creación de una Constitución que otorgaba a España un gobierno monárquico constitucional. Las Cortes Constituyente eligieron a Amadeo I, segundo hijo del rey italiano Víctor Manuel II, sobre una serie de candidatos. El reinado de Amadeo I fue uno de corta duración, ya que fue proclamado rey el 2 de enero de 1871 y abdicó el 10 de febrero de 1873, luego de un reinado lleno de inestabilidad política y en medio de una guerra civil (Tercera Guerra Carlista, 1872-1876) por las pretensiones de Carlos de Borbón al reino español. La abdicación de Amadeo I dio paso a la formación de la Primera República Española (11 de febrero 1873 al 29 de diciembre de 1874). Los tumultos políticos, la continuación de la Guerra Carlista, la revuelta de los cantones (varias ciudades o territorios se autoproclamaron en rebeldía) y la inefectividad de crear un gobierno republicano que consolidara a los distintos bandos promovió la restauración de la monarquía borbónica bajo bases liberales a manos del Alfonso de Borbón, coronado como Alfonso XII.

Ramón Emeterio Betances. Imagen obtenida
de la Librería del Congreso, Washington 

La segunda revolución fue la del Grito de Lares. Este llamado revolucionario ocurrió el 23 de septiembre de 1868. No obstante, se deben mencionar unos hechos que son de vital importancia para entender el resultado de la revuelta. Primeramente, el 7 de junio de 1867, entre las fuerzas de artillería en San Juan se da una revuelta donde se puso en manifiesto el pensamiento liberal y las malas condiciones económicas de los soldados españoles en Puerto Rico. Aunque el gobierno colonial pudo controlarla, fue utilizada como pretexto para iniciar una ola de represión contra los liberales puertorriqueños. Entre los que tuvieron que exiliarse se encontraba Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis.

Tanto en el exterior como en la Isla se comenzaron los preparativos para la insurrección armada. El plan indicaba que llegaría una expedición desde el exterior, dirigida por Betances, a la cual se unirían los grupos revolucionarios locales. No obstante, el movimiento fue descubierto, Betances arrestado y un buque que sería utilizado para el movimiento de fuerzas y armas fue confiscado. Esto llevó a que se adelantara la insurrección para el 23 de septiembre en Lares. Al siguiente día las fuerzas revolucionarias se movilizaron hacia San Sebastián del Pepino donde fueron rechazados y desbandados con la llegada de refuerzos españoles y milicianos a la zona.

Por último, el 10 de octubre, en Cuba, Carlos Manuel Céspedes presenta un manifiesto declarando la libertad de los esclavos y la independencia de la isla. El grupo revolucionario, aunque originalmente habían pensado tomar la ciudad de Manzanillo, terminaron dirigiéndose a Yara, donde se da el primer combate de la Guerra de los Diez Años. El conflicto terminó en 1878 con la capitulación de las tropas separatistas cubanas.

La Revolución Gloriosa tuvo sus consecuencias en nuestra Isla. Una de sus primeras movidas fue la creación de unas Cortes, cuyo fin era la redacción de un Constitución de carácter liberal. Tanto a puertorriqueños como a cubanos se les permitió enviar representación, los primeros con once delegados, los segundos con dieciocho. Contrario a la estipulación presentada en España, donde el sufragio se extendió de manera universal a todo varón de veinticinco años o más; en nuestra Isla se redujo a los hombres más acaudalados o sea se solicitaba una cuota de inscripción que no todos podían pagar. Esto llevó a que sólo pudieran participar uno cuatro mil electores de una población total de seiscientos mil habitantes. Esto favoreció al sector conservador, quienes lograron elegir a siete de los diputados, los restantes eran representantes del sector liberal, siendo Román Baldorioty de Castro su principal figura.

La Constitución de 1869, al igual que otras constituciones con anterioridad, no fue extendida completamente a los puertorriqueños. Por ejemplo, la libertad de prensan que se estableció en España fue limitada en Puerto Rico; temas como la abolición y la relación entra la Isla y la Metrópolis, estaban estrictamente prohibidos. No obstante, con la formación de una nueva Diputación Provincial en 1870 (anteriormente Puerto Rico había tenido dos periodos con este tipo de organismo político: 1812-1814 y 1820-1823), se dio espacio para que se diera ciertas libertades políticas hasta ese momento inexistente en la Isla. En el caso de las provincias de ultramar, la Diputación Provincial era un cuerpo de diputados que representaba a la población civil que por ley tenía derecho a ello, y cuyas funciones eran las de administrar varios asuntos internos tales como presupuestos locales, obras públicas, construcción de carreteras y caminos, el desarrollo de sistemas de instrucción, entre otras. Debido a que la Isla fue gobernada por leyes especiales, la Diputación Provincial tenía que armonizar con los gobernadores de turno. Con todo esto, la Diputación Provincial fue esencial en la implantación de las reformas, ya que sirvió de facilitador de este proceso.

Formación de los primeros partidos políticos

Dentro de las reformas que aplicaron a Puerto Rico se encontraba la formación de partidos políticos. Estos se organizaron según las ideologías existentes en esa época, las cuales se dividían entre liberales y conservadores. Los liberales de manera general creían en proyectos que promovieran la democratización de la sociedad, los cuales incluían la promoción de formas de comercio libres, donde el estado tuviera una intervención mínima. Los conservadores, por el contrario, querían mantener las formaciones políticas y económicas tradicionales.

En el caso de Puerto Rico, los liberales se dividieron entre independentistas, asimilistas y, en la eventualidad, autonomistas. Los primeros fueron perseguidos duramente y su mayor manifestación a favor de su ideal fue el Grito de Lares. Los liberales asimilistas buscaban que los puertorriqueños adquirieran las mismas libertades y derechos que se estaban otorgando a los españoles peninsulares; ello implicaba el apoyo al gobierno constitucional, a la representación en las Cortes, a la otorgación de libertades que promovieran el pensamiento, el derecho a la asociación, el sufragio universal, la libre empresa y el abolicionismo.

Los liberales fueron los primeros en organizarse con la creación del Partido Liberal Reformista. Formalmente fue creado el 24 de noviembre de 1870. Su presidente fue Pedro Gerónimo Goyco. Entre otras figuras reconocidas que militaron en esta organización estaba: José Julián Acosta, Julián Blanco Sosa, Manuel Corchado Juarte, Román Baldorioty de Castro, José Celis Aguilera, José Pablo Morales, Joaquín María Sanromán y Juan Hernández Arbizu. Su principal modo propagandístico fue el periódico El Progreso.

Los miembros del Partido Liberal Reformista simpatizaban con los nuevos cambios políticos en la Península, no obstante no podía expresarse de manera extrema debido a los acontecimientos que se vivían en ese momento. Por un lado, aún estaba presente la sublevación de Lares ocurrida dos años antes, esto llevaba a las autoridades coloniales a estar en una actitud defensiva. A esto se le sumaba la guerra en Cuba, lo que hacía más apremiante la situación. Por lo que podemos analizar, cualquier muestra liberal que rayara en algo dirigido al independentismo iba a ser suficiente para que quien la demostrara sufriera persecución política. Es por ello que vemos que los objetivos del Partido Liberal Reformista se limitan a cuatro puntos principales:

1. La extensión de los derechos individuales otorgados en el Título I de la Constitución de 1870, lo cual llevaba a los puertorriqueños a ser similares a los españoles peninsulares.
2. La ampliación de las facultades de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos, dándole una mayor participación a los puertorriqueños en los asuntos internos.
3. Esto a su vez estaba dirigido a la promoción de los asuntos económicos y administrativos de la Isla, dándole condiciones iguales de desarrollo a los ciudadanos de Puerto Rico, tal como se había dado a los españoles.
4. La abolición de la esclavitud.

Aunque en estos objetivos se pueden ver las primeras muestras de un pensamiento autonomista, es el sentido de asimilación lo que más permea, demostrando en España que los puertorriqueños estaban dispuestos a ceder en sus peticiones para continuar con su relación con la metrópolis y no aventurarse al separatismo revolucionario que se daba en Cuba. Los tres puntos referentes a esta postura son: el que se cediera en no solicitar el sufragio universal para los varones mayores de veinticinco años en la Isla, el establecer un lenguaje mucho más liviano en cuanto a la abolición de la esclavitud, dándole a las Cortes toda facultad para que resolvieran ese problema y no solicitando que la Constitución de 1870 fuera aplicada integra a los puertorriqueños.

No ha de extrañar que dentro del Partido Liberal Reformista, desde muy temprano, existiera una pugna entre los seguidores del autonomismo y los asimilistas. También se fueron desarrollando divisiones respecto con cuál de los partidos españoles el Partido Liberal Reformista debía pactar o no pactar. Inicialmente se había pensado con el Partido Progresista Democrático Radical, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla. No obstante, con la abdicación y exilio de Amadeo I, el partido de Manuel Ruiz Zorrilla se fracciona y su principal líder tiene que irse al exilio junto al monarca, creando al espacio, durante el periodo republicano a que una gran cantidad de seguidores del Partido Liberal Reformista se moviera hacia el republicanismo no monárquico.

En cuanto a los conservadores en Puerto Rico, estos apoyaban la monarquía española, el régimen absolutista y el mantener la esclavitud como parte de sistema económico de la Isla. Su visión sobre el sufragio universal, la libertad de prensa y la otorgación de derechos a grupos marginados era indicativa de que estos eran detonantes del caos y del desorden gubernamental y civil. Este grupo se identificaba grandemente con los intereses de la Corona. Durante la Primera República, su lenguaje no modificó grandemente, ya que declararon su intención de apoyar cualquier tipo de gobierno español sin importar su ideología. La otorgación de derechos al pueblo de manera general les creaba un ambiente donde ellos tenían la posibilidad de perder el control ya adquirido en la colonia. No ha de extrañarnos que los más favorecedores al conservadurismo eran españoles, funcionarios del gobierno y comerciantes que dentro del régimen podía hacer y deshacer.

Los conservadores, reaccionando a los cambios en España, crean el Partido Liberal Conservador. Este es formado de manera oficial el 11 de marzo de 1871 y su presidente fue el Marqués de la Esperanza, José Ramón Fernández. Sus objetivos o plataforma política iba dirigida a:

1. El que la Metrópolis mantuviera amplios poderes sobre Puerto Rico, única forma, según explican, de mantener el orden y la paz en la Isla.
2.  El resistirse a que se otorgaran derechos y facultades a la población general, lo cual, indicaban, tampoco favorecía el orden en Puerto Rico.
3. El poder demostrar que los liberales eran en realidad independentistas que buscaban establecer un ambiente que les propiciara la separación permanente del régimen español.

Otros aspectos a lo que los conservadores se opusieron fueron: la abolición de la esclavitud, el sufragio universal que se otorgó en España, la elección de alcaldes mediante la participación del pueblo, la otorgación de mayores poderes a la Diputación Provincial, la libertad de imprenta, el autonomismo y la descentralización. 

La abolición de la esclavitud

La abolición de la esclavitud ocurrió, de manera oficial, el 22 de marzo de 1873. Su discusión entre los grupos políticos era tema fundamental. De hecho, mientras que los conservadores apoyaban su continuidad, los liberales asumían una posición contraria. Desde temprano en el siglo XIX se había desarrollado una ideología dirigida, primeramente a la prohibición de la trata humana, eventualmente llevó al desarrollo de la abolición de la esclavitud. España, y por consiguiente sus colonias, fueron en Europa Occidental el último país en abolirla.

El caso español es muy peculiar para los puertorriqueños, no solamente por nosotros ser su colonia, sino que fue un puertorriqueño, Julio L. Viscarrondo Coronado (1829-1889), quien comenzó a organizar reuniones en su hogar en Madrid para discutir el abolicionismo. Allí mismo, un 2 de abril de 1865, se formó de manera oficial un grupo conocido como “la Sociedad Abolicionista Española”. Su objetivo era promover el abolicionismo en España y para ello crearon el periódico El abolicionista español.

En la Isla, aunque ya desde la segunda década del siglo XIX existían pensadores que promovían la abolición de la esclavitud, fue en la década de 1850 que se organizan diversos grupos de activistas con la intención de promover su ideal. Entre ellas estaba la “Sociedad Abolicionista Secreta”, cuyos integrantes provenían de Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Aguadilla. Entre los principales abolicionistas de la zona occidental de la Isla se encontraban Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. En San Juan se destacaron José Julián Acosta y Calbo y Román Baldorioty de Castro.

Las actividades de los abolicionistas, vigiladas por las autoridades coloniales, se circunscribían a la búsqueda de la libertad del mayor número de esclavos posible. Sus tácticas iban desde la compra de niños nacidos de esclavas al momento de ser bautizados hasta el apoyo a esclavos que optaban por fugarse. Esto daba espacio para que las autoridades coloniales establecieran un vínculo directo entre el abolicionismo y el separatismo en nuestra Isla.

Por otro lado, los conservadores apoyaban la esclavitud y la veían como el motor de la economía cañera. Ellos hicieron eco a la resistencia de muchos hacendados a este tipo de cambio. Se hablaba de que estos perderían su producción azucarera y, a su vez, la economía de la Isla se afectaría adversamente.

En 1870, las Cortes españolas aprueban la llamada Ley Moret. Esta ley fue presentada por el que en ese momento era Ministro de Ultramar, Segismundo Moret, quien ya había establecido buenas relaciones con liberales puertorriqueños tales como Román Baldorioty de Castro y Julio Vizcarrondo. En esta ley, todo hijo de esclava nacido después del 17 de septiembre de 1868 y todo esclavo mayor de sesenta años eran declarados libres. Claro está, los recién nacidos permanecían bajo la tutela de los dueños hasta cumplir los veintiún años. En cuanto a la compensación por su trabajo, el amo estaba obligado a pagar la mitad del jornal luego de los dieciocho años y al llegar a los veintiuno, si el liberto deseaba seguir laborando en la hacienda de su antiguo amo recibiría el jornal completo. Aunque esto solo fue hipotético, ya que tres años después llegaría la abolición para todos los esclavos.

La caída del reinado de Amadeo I benefició a los liberales y abolicionistas, llevando estos el debate a la Asamblea Nacional de la República. El 22 de marzo de 1873 se aprobó una ley abolicionista únicamente para Puerto Rico, obviando por el momento, la situación de Cuba, la cual se encontraba en medio de una guerra y tenía una población de esclavos diez veces mayor que Puerto Rico. La población de esclavos en Puerto Rico para ese momento era un poco más de treinta mil. La ley abolicionista establecía los siguientes cuatro puntos:

1. La esclavitud sería abolida completamente en la Isla.
2. Los libertos debían contratarse por un mínimo de tres años con cualquiera de los siguientes: sus antiguos amos, algún particular, o con el gobierno colonial.
3. Los dueños de esclavos serían indemnizados con dinero de la Hacienda o Tesoro de Puerto Rico.
4.  A los cinco años, los libertos gozarían de los mismos derechos que el resto de la población tendría.

De regreso al absolutismo

La república cae a finales de 1874. La monarquía vuelve a ser restaurada pero de manera parlamentaria. Aparentemente los liberales en Puerto Rico esperaban poder seguir obteniendo libertades y derechos para los puertorriqueños; la realidad fue otra. Una de las primeras movidas ocurridas fue la designación de José Laureano Sanz como gobernador de la Isla. A su llegada y teniendo poderes absolutistas eliminó varias de las concesiones que se habían logrado durante el periodo de la Revolución Gloriosa. Entre los estatutos que se mantuvieron estaban la representación en las Cortes, la Diputación Provincial y los ayuntamientos electivos, aunque en todos existieron tratos especiales que limitaban su implementación tal como se esperaba.

Por ejemplo, en la representación en las Cortes se comenzó a utilizar un sistema conocido como el de los “cuneros”. Estos eran delegados que representaban a los puertorriqueños pero que eran seleccionados por el Ministerio de Ultramar según los resultados de las elecciones locales. Estos delegados eran españoles que ni siquiera habían estado en la Isla. En la mayoría de los casos actuaron según sus intereses, aunque se dieron excepciones como la de Rafael María de Labra, quien fue representante del distrito de Sabana Grande y era líder abolicionista y del movimiento autonomista para la Isla.

En el caso de las elecciones de los ayuntamientos, estas eran manipuladas desde la gobernación, siempre para beneficio del status quo. En cuanto a los partidos políticos, aunque en teoría se mantenía el derecho a la asociación dentro de ellos, la realidad es que los liberales comenzaron a ser nuevamente perseguidos al punto que para 1880 el Partido Liberal era casi inexistente. Algunos de sus líderes tuvieron que exiliarse, entre ellos Román Baldorioty de Castro. En fin, Puerto Rico era gobernado nuevamente por leyes especiales que iban dirigidas a desalentar cualquier intento liberal separatista pero que a la vez llevó a amilanar a los liberales asimilistas, quienes comenzaron a pensar en el desarrollo de un ideal autonomista.

La Constitución española de 1876, la cual fue más restrictiva que la anterior, facultó que los territorios de ultramar fueran gobernados por leyes especiales y aunque en 1881, mediante decreto, se extendió las facultades de esta constitución a la Isla, su efecto no fue el esperado.

El nuevo absolutismo que arropaba a la Isla era visto por los conservadores como una situación a su favor. Bajo la dirección de un nuevo líder, Pablo Ubarri, conde de Santurce, se realizó un cambio de nombre. El Partido Conservador pasó a ser el Partido Español sin Condiciones o Partido Incondicional Español; tal como su nombre indicaba, mantenían la postura de apoyar a cuanto gobierno español estuviera en el poder. Su actitud beligerante hacia cualquier tipo de liberalismo local los posicionaba como un brazo político del gobierno en Puerto Rico. Ni siquiera el liberalismo asimilista era aceptado por ellos, ya que indicaban que esta postura podía ser utilizada en el futuro para separar la Isla de España.

El surgimiento del autonomismo puertorriqueño

Las tendencias políticas en Europa de la segunda mitad del siglo XIX evolucionaron de manera drástica, llevando a la formación de sistemas parlamentarios democráticos donde existía cabida para las monarquías, los derechos individuales y la formación de Constituciones que crearan armonía en todos estos aspectos. En el caso de España, la Constitución de 1876, buscaba atemperar esto a las condiciones peninsulares y sus territorios ultramarinos.

No obstante, existían otros ejemplos a seguir, el de mayor peso para los liberales locales fue el desarrollado en las colonias británicas donde se empezó a ver un reclamo de autonomía dentro de sus poblaciones. En Cuba, luego de finalizada la Guerra de los Diez Años (1868-1878), también se da la formación de un Partido Liberal Autonomista, cuyos objetivos eran lograr un mayor grado de autonomía política y económica, a la vez que buscaba que los cubanos gozaran de los mismos derechos y libertades que la Constitución daba a los peninsulares.

En Puerto Rico, el desarrollo del autonomismo se realizó a un paso más lento. Ya en el 1881, con Práxedes Mateo Sagasta, líder liberal, como primer ministro español, el Partido Liberal Reformista puertorriqueño comienza a reorganizarse. Dentro del mismo se crean dos grupos que presentan visiones distintas de cómo debería ser la relación con España: asimilistas y autonomistas. En un principio los asimilistas mantienen el control del partido. Sin embargo, la actitud que el gobierno había asumido hacia los asimilistas los llevó a ir cambiando su postura.

Uno de los principales medios de promoción del autonomismo fue la prensa. Desde 1885 se da un auge en la publicación de periódicos autonomistas. Algunos de ellos fueron: El País y La Patria en Mayagüez; La Abeja en Humacao; La Crónica en Ponce; y La Revista de Puerto Rico, El Clamor del País y El Buscapié en San Juan. En el 1886 se da la visita de una delegación de autonomistas cubanos a nuestra Isla, promoviendo la posibilidad de una colaboración entre ambos grupos. Ese mismo año se presenta el Plan Ponce, un manifiesto dirigido a reorganizar al Partido Liberal y se convocó a una asamblea en la ciudad de Ponce para marzo del siguiente año.

El Plan Ponce, más que una reorganización de los liberales, fue el inicio de un nuevo partido político. Entre las propuestas de este manifiesto estaban: el reconocimiento de los derechos del hombre, el sufragio universal, la separación del gobierno civil del militar, un mayor grado de autonomía para los municipios; además promulgaban un sistema de gobierno republicano, que incluía la independencia de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales.

En marzo de 1887, tal como se había convocado se realizó la tan esperada asamblea de liberales puertorriqueños. Allí el Partido Liberal Reformista dejó de existir y abrió paso al Partido Autonomista Puertorriqueño. Los delegados, unos 300, debatieron sobre el modelo de autonomía a seguir. Los dos principales eran el presentado por el Partido Autonomista Cubano, quien era defendido por una inmensa mayoría de los delegados, y la llamada autonomía radical de Baldorioty de Castro, quien basó su modelo en la autonomía que se estaba desarrollando en los territorios canadienses. Curiosamente, aunque Baldorioty de Castro fue elegido presidente del nuevo partido, su propuesta autonomista no fue favorecida. Entre los delegados, que luego asumirían distintos papeles protagónicos en la historia política de Puerto Rico, estaban José de Diego, Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa y Rosendo Matienzo Cintrón.

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